8 de Marzo, 2021
El gobierno de Guatemala, a través del Ministerio Público, insiste en seguir criminalizando a Abelino Chub Caal que subyace el despojo de tierras a la comunidad q’eqchi Plan Grande, de El Estor, Izabal.
Abelino Chub, defensor de la tierra y los derechos de los pueblos indígenas, pasó 813 días injustamente encarcelado, acusado falsamente de usurpación agravada, incendio y asociación ilícita.
Abelino finalmente fue puesto en libertad el 22 de abril de 2019 después de que el Tribunal de Mayor Riesgo “A” dictó una sentencia exculpatoria, evidenciando su inocencia.
Pero el Ministerio Público -incomprensiblemente- presentó una apelación contra la sentencia. Por ello, el 24 de febrero de 2021, la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Proceso de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio llevó a cabo la audiencia de Apelación Especial. La abogada defensora Jovita Tzul presentó sus alegatos y Abelino Chub expuso su desacuerdo a la apelación y pidieron al Corte confirmar la sentencia a su favor.
El Ministerio Público ni se presentó por haber enviado sus alegatos por escrito. La resolución de esta audiencia será dictada el día 10 de marzo a las 3.00 pm.
La actuación del Ministerio Público se enmarca dentro de la estrategia de criminalización contra las y los líderes y defensores de los derechos humanos en Guatemala. Seguir manteniendo a Abelino Chub ligado a un proceso penal, es seguir criminalizándole. Ya fue declarado inocente.
Según la defensa de Abelino Chub, “la sentencia dictada el 22 de abril del 2019 por el Tribunal de Mayor Riesgo A, es clara, con razonamiento lógico, por lo que es incomprensible que el Ministerio Público alegue en su apelación especial que la sentencia 2016-00328 que no se fundamenta al no dar valor probatorio a dos testigos de la empresa acusadora, siendo ellos caporal y gerente de la finca Murciélago, supuesta propiedad de las mismas empresas familiares de COBRA S.A. Y CXI S.A. Por tal motivo se analiza que sigue siendo un caso de criminalización y estrategia de despojos de las tierras q’eqchi.“
Es preocupante que el Estado, a través del Ministerio Público, siga persiguiendo y criminalizando a los defensores de los derechos humanos, siga promoviendo y avalando el despojo de las tierras indígenas, descartando su deber de investigar graves irregularidades que se evidenciaron en el proceso.
Incluso el Tribunal de Mayor Riesgo A, en su sentencia, “ordena al Ministerio Público que realice investigación en relación a las irregularidades detectadas en las escrituras públicas que forma parte de la prueba documental.”
Abelino fue capturado el 4 de febrero de 2017 por la Policía Nacional Civil de Guatemala, en el departamento de Alta Verapaz. La captura se dio en un contexto de alta conflictividad generada por intereses empresariales, que han despojado de forma sistemática la tierra en manos de comunidades q’eqchis. Estas empresas han generado violencia e graves impactos ambientales en imponer sus proyectos económicos: plantaciones de monocultivos, la construcción de hidroeléctricas masivas, y la explotación minera de níquel.
Dichos proyectos han contribuido al aumento de la pobreza y la extrema pobreza en la región. Las comunidades q’eqchies que ocupan históricamente el territorio han denunciado de manera reiterada la violencia, represión, criminalización y ataques que sufren. Sin embargo, el sistema de justicia guatemalteco no ha dado respuesta alguna a las denuncias. Al contrario, los megaproyectos se imponen por encima de tierras de comunidades violentando derechos amparados en la Constitución Política de la República y en convenios internacionales como el convenio 169 de la OIT que establece el respeto a las tierras indígenas y la consulta de buena fe: previa, libre e informada.
Las organizaciones que suscribimos el presente pronunciamiento, denunciamos las intenciones de promover la criminalización y la promoción de los despojos, haciendo uso indebido del derecho penal contra defensores de los derechos humanos y comunidades indígenas que defienden sus derechos legítimos y legales. Es de resaltar que La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación respecto a la criminalización de personas defensoras y el uso malicioso del derecho penal para limitar el ejercicio de defensa de derechos humanos.
Exhortamos al Estado Guatemalteco, de manera urgente, a garantizar los derechos de las comunidades indígenas q’eqchi, así como el derecho a defender los derechos humanos y la defensa de su territorio.
Solicitamos al Ministerio Público desistir de seguir impulsando recursos penales que tienen como objetivo la criminalización de defensores de los derechos humanos, como Abelino Chub Caal, y la represión contra comunidades indígenas, como la comunidad Plan Grande del Estor, Izabal. Además, pedimos que se cumpla su obligación de investigar de manera objetiva e imparcial para detener el despojo de las tierras q’eqhi.
Firmado:
Instituciones
| Abogado Liberal |
| ActionAid Guatemala |
| ALIANZAS, Unitarian Universalist Church of Arlington |
| Asociación Chomija |
| Center for Gender & Refugee Studies |
| Centro por la Justicia y el Derecho Internacional-CEJIL |
| Chomija |
| CoDevelopment Canada |
| Colectivo de Mujeres Ix Bahlam |
| Committee for Human Rights in Latin America (CDHAL) |
| Denver Justice and Peace Committee |
| Foro de ONGs Internacionales de Guatemala |
| Guatemala Human Rights
Commission/USA |
| Guatemala Solidarity Project |
| Hamalali Garinagu |
| Latin America Working Group (LAWG) |
| Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Network |
| MiningWatch Canada |
| Montreal Elders for Environmental Justice |
| Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA) |
| New Hampshire-Vermont Guatemala Accompaniment Project |
| Nicaragua Center for Community Action |
| Northern Virginians for Peace and Justice |
| Older Women Live OWL collective – Ckut 90.3 FM |
| Plataforma Guatemaltecos y
Guatemaltecas Exiliados por Terrorismo de Estado |
| Projet Accompagnement
Québec-Guatemala (PAQG) |
| Todos por Guatemala/All for Guatemala |
| TROCAIRE |